Celaya, Gto., viernes 06 de octubre del 2023. Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, y preso en el penal federal de Ocampo, Guanajuato, podría salir libre en marzo del 2024, al obtener un amparo tras determinarse que debió ser procesado y recibir sentencia por un tribunal local, y no por un juez federal.
Esto, debido a que la víctima Luis Donaldo Colosio, era apenas candidato a la Presidencia de la República. Es decir, un civil sin cargo alguno en el gobierno federal en ese momento. Por ello Mario Aburto debió ser procesado por homicidio doloso en el fuero común, y no en el fuero federal como finalmente ocurrió.
En votación divida, magistrados de un Tribunal Colegiado concedieron un amparo directo en favor de Mario Aburto Martínez, el cual deja sin efectos la sentencia condenatoria de 45 años de prisión dictada en su contra el 22 de diciembre de 1994.
Sin embargo, el amparo concedido al michoacano es para efecto de que el juez de distrito que conoce de la causa penal vuelva a dictar nueva sentencia por haberse detectado diversas violaciones procesales.
De acuerdo con los magistrados que otorgaron la protección de la justicia federal a Aburto Martínez, entre las violaciones procesales que se actualizaron se encontraron con que “hubo una inadecuada defensa en su vertiente material y el juzgador natural omitió recabar diversas pruebas para mejor proveer”, además de la omisión de efectuar la traslación normativa del ilícito de homicidio al fuero estatal.
En el fallo se establece que la sentencia dictada hace más de 29 años debe quedar insubsistente y el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, deberá emitir una nueva resolución en la que cumpla los lineamientos que se están detallando, como lo es que Mario Aburto sea juzgado en el fuero común en Baja California.
En cuanto a la tortura alegada por el quejoso, el Tribunal Colegiado determinó que la autoridad responsable (juez federal) de vista al Ministerio Publico de su adscripción con dichas manifestaciones, situación que de antemano ya se conoce, pues una comisión especial de la Fiscalía General de la República (FGR) ya integra una carpeta de investigación al respecto desde 2022 por insistencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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