Celaya, Gto., jueves 07 de noviembre del 2024. La Oficial Mayor durante los primeros 20 días del nuevo gobierno municipal en Celaya, desmintió al presidente municipal entrante, Juan Miguel Ramírez, y lo acusó de haberla despedido por hacer su trabajo: respetar las leyes y reglamentos. Además lo señala de calumniarla, emplear violencia política en razón de género y advirtió que acudirá a las instancias correspondientes para hacer estas denuncias de manera formal.
A principios de este mes el presidente justificó el despido de la Oficial Mayor bajo el argumento de que “tenía otros intereses”, aunque al interior de la presidencia municipal trascendió que fue porque le pidió hacer una serie de movimientos administrativos en el gobierno y “ella se negó”. Ella reconoce que le exigió hacer ajustes fuera del reglamento y le explicó por qué no podían hacerse, hasta que el 31 de octubre llegaron abogados de León contratados por él para finiquitar a los “fedepales”, y le informaron que también estaba despedida.
A través de una carta que leyó en una rueda de prensa, Araceli Morales pidió derecho de réplica a medios de comunicación, al considerar que su nombre e imagen fueron deteriorados con los señalamientos del presidente municipal tras darse a conocer su destitución. En el documento, reveló la manera en que el presidente municipal intenta hacer que se cumplan sus órdenes, aunque no siempre están apegadas a leyes o reglamentos.
Incluso, en una parte del documento, revela que ella participó en el proceso de baja de los elementos “fedepales” de la policía municipal, y hubo dos momentos de motín en la Comandancia Norte, aunque se logró platicar con los elementos inconformes para que aceptaran su finiquito.
“En medio de la actual crisis de inseguridad y violencia que se vive en nuestro municipio, gestioné el proceso de 153 bajas de policías bajo un clima de tensión, pero sin generar inconformidad o agresiones, a pesar de haberse manifestado dos momentos de amotinamiento previos. Sin ninguna protección especial, mi equipo de trabajadores de ese momento, a los cuales les doy mi más amplio reconocimiento por su diligencia y apoyo en horas y días inhábiles, pudimos estar en la Comandancia Norte durante 4 días y en jornadas de más de 8 horas, entregando los finiquitos de los despedidos, en colaboración con dos abogados de León, contratados por el Alcalde, mismos que entregaban personalmente los documentos para la firma y certificación. Al día jueves 31 de octubre, estaban listos otros 30 finiquitos, lo cual en su totalidad es una cifra fuera de lo común: 183 bajas de forma pacífica y apegada a derecho”.
La ex Oficial Mayor incluso denunció que, pese a que las altas y bajas de personal son competencia exclusiva del área que ella encabezaba, a los funcionarios de nuevo ingreso para diferentes áreas se les pidió desde el principio que los papeles fuesen entregados en la oficina del recién cargo creado de “Jefe de Gabinete”, a cargo de Gustavo Paloalto. Incluso, señala que fue reprendida en varias ocasiones por no hacer los movimientos de personal que se le pedían, es decir, despedir funcionarios y dar de alta a otros.
“A pesar de la carga de trabajo que menciono, las presiones y los amagos de funcionarios de primer nivel para dar de alta a sus equipos políticos, fueron incesantes. La creación de filtros extraoficiales para recibir y aprobar los documentos en el área del primer círculo del presidente en funciones, en donde se destacaba el ciudadano, Gustavo Paloalto, quien se ostentaba como Jefe de Gabinete, creó mayor confusión y molestias, que se fueron agudizando.
“En este ambiente de intenso trabajo en la Oficialía Mayor, recibí ordenes de despidos fulminantes, y fui reprendida verbalmente por teléfono y en persona, según el dicho del presidente electo por ‘no obedece’ sus órdenes. De estos hechos, di cabal respuesta por escrito, y expliqué el proceso legal para efecto de no incurrir en faltas administrativas, o en atropellos a los derechos humanos y laborales de los trabajadores”.
Al parecer todo ello es lo que provocó su despido, pues el 31 de octubre los mismos abogados de León contratados por el presidente municipal para finiquitar a los “fedepales”, y algunos funcionarios de la administración municipal, se presentaron con ella para informarle que estaba despedida. Explica que les informó que estaba bien, pero en su acta de hechos explicaría incluso que estuvo mal el acta de instalación de una de las comisiones en el Ayuntaniento, en donde la responsabilidad recae en el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto; y la Contralora Laura Lara.
“Uno de los abogados del Despacho jurídico externo, se dirigió a mi persona, y me dijo: ‘venimos a ejecutar una instrucción del Presidente, tu despido, porque, uno, por tu culpa el Licenciado Carlos Esteban García González, no está dado de alta como director jurídico del municipio; y dos, porque no diste de baja a las personas que te indico. Por lo que te pedimos que entregues el puesto de Oficial Mayor’. Les contesté, ‘adelante, pero en el apartado, -uso de la voz- de la entrega-recepción, describiré y agregaré las evidencias correspondientes de lo que me están acusando, que no realicé, y otras irregularidades que reporté en la instalación de la Comisión de Recursos Humanos y Servicio Civil de Carrera, el lunes 28 de octubre, respecto a las faltas al Reglamento Administrativo por parte de la Contralora municipal, Laura Elena Lara Rodríguez, y el Secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez”.
La ex oficial mayor explica que a raíz de estos acontecimientos el presidente la destituyó, y al momento de dar explicaciones sobre su salida a medios de comunicación que lo cuestionaron, se dedicó a desprestigiarla.
“A partir de estos hechos, el Presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, ha realizado una campaña institucional en los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión, redes sociales generando una impresionante descalificación de mi persona con alcance estatal, dañando mi imagen pública, y mi dignidad, por ello, lamento por un lado el uso de recursos públicos para la denostación, porque son infundadas sus afirmaciones, y por otro lado, en lo personal, me lastima su ingratitud, su malicia, y la falta de respeto.
“Durante días, ha destinado tiempo para agraviarme, tiempo que nunca me permitió para explicarle que sus órdenes, contravenían el principio de legalidad que establece que los poderes públicos deben actuar conforme a la ley en el municipio de Celaya, y que todo acto que no lo haga es inválido, y que este principio es uno de los que fundamentan la Constitución de un Estado de derecho”.
También denuncia se le pidió hacer un cambios “por presión política” en Secretaría de Seguridad Ciudadana, Oficialía Mayor y Secretaría del Ayuntamiento, los cuales se hicieron en tiempo y forma a pesar de la fuerte carga de trabajo por los despidos de los policías y ajustes en otras áreas.
Otro de los casos que explica, es que el presidente Juan Miguel Ramírez habría solicitado que las cámaras de videovigilancia al interior de la presidencia municipal, estuvieran ahora bajo el control de la Tesorería, algo a lo cual ella explicó que en base al reglamento corresponde estar bajo el control de la Oficialía Mayor, y que si quería se pasaran a Tesorería se debía hacer el cambio al reglamento por el Ayuntamiento y publicarlo en el Periódico Oficial del Estado.
“En relación a este asunto, en sus declaraciones a la prensa, señala que, “No voy a dejar a nadie que no cumpla. En un momento me decía que sí (la oficial mayor) y al otro día me decía que no, o me enviaba un oficio señalando problemas en el procedimiento”. Periódico Correo 01/11/2024. La estigmatización de no obediencia, que utilizó en mi contra, queda de manifiesto, y el afán de coadyuvar a una gestión administrativa, ordenada y apegada a Ley, fue hecha a un lado. Los verdaderos motivos de la exclusión quizá están en otra, afirmación, que desvaloriza mi trabajo y mi persona: “Ni siquiera le dije el motivo de su suspensión, sino le pedí abandonar el cargo”. ¿Intolerancia, discriminación, autoritarismo?”, menciona la ex funcionaria.
Araceli Morales señala al presidente municipal que sus declaraciones a medios de comunicación sobre ella fueron sistemáticas, creando una campaña de desinformación “que afectaron su reputación, estabilidad psicológica, devaluación a su autoestima”, y que al afirmar que hubo un desacuerdo político la expone a riesgos de denigración, marginación y discriminación en su entorno social.
“Por otro lado, en un ambiente de alto riesgo de violencia, sus afirmaciones me exponen a ser víctima de ataques, como el trágico feminicidio político de la candidata a presidente municipal, Gisela Gaytán, del cual, deviene su candidatura a Presidente municipal. Debo señalar que, por interpósitas personas, familiares de él, recibí amenazas sutiles e intimidación como consecuencia de derecho a expresarme en temas políticos.
“Por todo lo anterior, reitero mi solicitud de derecho de réplica a todos los medios de comunicación para que los guanajuatenses se enteren de la verdad, y reafirmo que acudiré a todas las instancias legales, con pruebas en mano, para salvaguardar mis derechos a una vida libre y sin violencia”.
Al final de su denuncia, la ex oficial mayor incluso pidió a los trabajadores del gobierno municipal a defender sus derechos laborales ante la serie de bajas que hay para dar de alta a otros tantos.
“Finalmente hago un llamado al pueblo celayense, a los trabajadores municipales y sus familias a que defiendan sus puestos de trabajo, ninguna injusticia laboral debe ser permitida, ningún atropello debe permitirse, el pueblo manda y el pueblo quita”.
